El
jefe del bloque de los legisladores porteños del Frente para la
Victoria, Diego Kravetz, se vio involucrado en una durísima acusación de
cuatro hijos de desaparecidos, quienes junto a Estela Carlotto, lo
involucraron en una denuncia judicial en la que señalan una estafa con
el dinero que aportaron a la empresa recuperada IMPA, que pertenecía a
indemnizaciones cobradas al Estado por la desaparición de sus padres.
La denuncia judicial la presentaron Agueda y Ana
Goyochea, Paula Iriat y Nicolas Bai, todos hijos de desaparecidos que se
conocieron militando en la agrupación H.I.J.O.S, quienes la dieron a
conocer en una conferencia de prensa que contó con la presencia de la
titular de abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Tati Almeida
de Madres Línea Fundadora.
Según los familiares, Diego Kravetz, quien era
integrante del grupo que manejaba IMPA y era un referente político del
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNFR), cuando le reclamaron
por el destino de su dinero les dijo que no podía dar explicaciones de
lo que había sucedido y argumentó "no tener responsabilidad política, ni
ética, ni legal".
Los chicos explicaron que el 2000 conocieron a Luís
Scali quien los acercó a la Cooperativa de Trabajo IMPA "por entonces
manejada por los señores Eduardo Murúa, Guillermo Robledo, Diego Kravetz
y Horacio Campos". Agregaron que se les dijo a la hora de pedirles que
aporten sus indeminizaciones al proyecto: "Qué mejor destino podría
tener la indemnización por la desaparición de sus padres, que colaborar
con la lucha de los trabajadores".
En
plena ebullición social y antes del colapso de 2001, IMPA se había
transformado en un emblema de este tipo de empresas. IMPA Cooperativa
Ltda. es la cooperativa más grande de Buenos Aires y la primera
convertidora de aluminio en todas sus fases. Fundada como empresa en
1910, se nacionaliza en 1947 y es privatizada en 1961 bajo la forma de
cooperativa de trabajo. En 1997 sufre un proceso de vaciamiento que
lleva al cierre de la fábrica, hasta que en mayo de 1998 los
trabajadores recuperan la fuente de trabajo volviéndola a poner en
marcha hasta el día hoy.
Su planta de 22.000 m2, ubicada en el corazón de la
ciudad, es una de las dos únicas del país en la que se puede realizar el
procesamiento completo del aluminio en sus fases de fundición,
laminación, extrusión e impresión.
Según relatan los chicos: "El señor Scali, en
representación de IMPA nos propone sumarnos a este proyecto aportando
nuestro dinero en calidad de préstamo. Este capital iba a ser utilizado
para continuar y fortalecer el proceso iniciado por la fábrica.
Motivados por esto y luego de algunas conversaciones con la conducción
de IMPA, otorgamos los primeros dos préstamos a favor de IMPA,
entregando el dinero en mano a Eduardo Murúa. Acordando la devolución
del capital en un año y la firma de la documentación de la deuda para
los próximos días".
Sin embargo, desde entonces, los intentos por
documentra la deuda son improductivos y según los familiares "nos
plantean que la posibilidad de responder por la deuda contraída era
extender el plazo del préstamo como así también acercar otros hijos de
desaparecidos para que inviertan su dinero".
"Es así que Nicolás Bai transfiere vía bancaria casi
la totalidad del dinero cobrado por la desaparición de sus padres. En
dos de los Mutuos que se firmaron con IMPA, la firma del presidente se
encuentra falsificada, hecho que verificamos posteriormente", continua
el relato.
Los chicos agregan que hasta la fecha ha sido vanos
los intentos por regularizar la deuda, y denuncian haber recibido "mal
trato" y hasta "agresión psicológica constante".
La denuncia
"En el año 2005 comenzamos a realizar gestiones con
un grupo de abogados. A través de Abuelas nos acercamos al gobierno
nacional obteniendo la excelente predisposición para llamar a los
´administradores´ de IMPA, a sentarse a resolver el problema. Todos los
intentos fueron vanos", denuncian los chicos quienes remarcan que
"también fue en vano nuestro intento de obtener algún tipo de respuesta
por parte del actual legislador de la Ciudad, Diego Kravetz, a quien nos
dirigimos por ser integrante del grupo que manejaba IMPA y referente
político en la construcción del MNER (Movimiento Nacional de Empresas
Recuperadas) junto a Eduardo Murúa y Guillermo Robledo ".
"En un primer momento Kravetz argumentó no tener
responsabilidad política, ni ética, ni legal, siendo que siempre estuvo
al tanto de la situación planteada. Posteriormente, ya distanciado de
Murúa y Robledo, accedió a dialogar con nosotros, aunque
desafortunadamente reiteró que no se sentía responsable, pero que nos
ayudaría en cuanto estuviera a su alcance. Dicha promesa no la cumplió",
subrayan los denunciantes.
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