La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió el martes una importante sentencia en la que se analiza el alcance de las obligaciones y el cumplimiento del derecho a la vivienda por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
La sentencia fue dictada en la causa Quisberth Castro, en la cual una mujer, que vive con su hijo menor de edad con una severa discapacidad, debió recurrir a la justicia por la falta de respuesta del gobierno porteño ante su imposibilidad de procurarse un lugar digno, salubre, adecuado y seguro donde vivir. La Corte ordenó al gobierno que garantice un alojamiento adecuado a la familia y le brinde asesoramiento para la solución de su problema habitacional.
A diferencia del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, el máximo tribunal descartó que los paradores y la política de subsidios habitacionales implementados por el gobierno porteño constituyan una respuesta adecuada para resolver el problema de vivienda que padecen las familias en situación de calle y extrema vulnerabilidad, como es el caso de la demandante.
Este fallo deja en evidencia las falencias estructurales de las políticas públicas de la ciudad en materia de vivienda y la necesidad de una política social integral, planificada y debidamente coordinada que permita dar respuesta definitiva a la emergencia habitacional que sufren los grupos más vulnerables.
En este sentido, el pronunciamiento de la Corte resulta trascendente en un contexto de aumento progresivo de la población de villas y asentamientos, que ya duplica la de 2001 y triplica la de 1991. Además, el 40% de esos habitantes reside en habitaciones alquiladas de manera informal.
En diciembre de 2011, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales instó al Estado argentino a adoptar políticas que garanticen el acceso equitativo a una vivienda adecuada y asequible, con seguridad jurídica de la tenencia y que luche eficazmente contra la especulación en los mercados inmobiliario, de la tierra y de la construcción. También en diciembre de 2011, la Relatora Especial sobre vivienda de la ONU, Raquel Rolnik, recomendó al Estado argentino a diversificar y flexibilizar los programas, adecuando el uso de los fondos a las necesidades existentes, a una mayor coordinación y articulación de los programas y fondos nacionales y provinciales y a una política de regulación y subsidio a los alquileres.
Para el CELS, este fallo constituye una oportunidad para que el gobierno de la ciudad reformule su actual política habitacional en función de los estándares fijados por la Corte y los expertos internacionales a fin de superar los obstáculos y condicionamientos que impiden a las personas en situación de vulnerabilidad acceder a una vivienda digna.
http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1497
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